EL PAęS
La
Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ratific— el viernes anterior una
condena contra tres ingenieros y un contratista por estafar con dineros
pśblicos destinados a la construcci—n de casas para familias en extrema pobreza.
La sentencia inicial la dict— el Tribunal Penal de Juicio
de Cartago, el 19 de mayo del 2010, contra los ingenieros Alejandro y Pablo
Arrieta Torres (ocho a–os de c‡rcel), y R‡ndall Mora
Cordero (seis a–os), as’ como para el contratista R—ger
Solano Castillo (tambiŽn sentenciado a ocho a–os).
La
Oficina de Prensa de la Corte Suprema de Justicia inform— de que la
ratificaci—n la emitieron los magistrados en el voto 2011-1293, cuando se
declararon sin lugar los diversos recursos de casaci—n.
Caso
polŽmico. Los hechos juzgados
ocurrieron entre el 2000 y el 2001, cuando los imputados se organizaron para
apropiarse de recursos pśblicos que se destinar’an a la construcci—n de casas.
El
proyecto ten’a como meta beneficiar a 39 familias que viv’an en extrema pobreza.
El
plan urban’stico, que se desarrollo en La Fila del Rosario de Aserr’, era financiado por la Mutual de Cartago (Mucap) y contaba con la ayuda del Instituto Mixto de Ayuda
Social (IMAS).
Ambas
instituciones tambiŽn resultaron perjudicadas, segśn se demostr— en el debate.
Segśn
el fallo del Tribunal de Juicio de Cartago, el ingeniero Mora, quien trabajaba
para el IMAS, present— informes falsos sobre las condiciones de los terrenos
donde se levantar’a la urbanizaci—n de interŽs social
Los
jueces Tatiana Garc’a, Marvin Arce y Sergio Quesada dijeron en su sentencia que
Mora asegur— que la propiedad contaba con servicios de agua y electricidad, lo
cual no era cierto.
TambiŽn
se–alaron que los otros implicados se aprovecharon al levantar construcciones precarias,
de baj’simo costo, para apropiarse indebidamente de una fuerte cantidad de
dinero.